Entre ellos se incluiría el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su predecesor, Sergio Massa. 

La comunicación fue planteada en un escrito elevado a la jueza y que publicado por el experto Sebastián Maril.

En esa misma presentación, Argentina le solicitó a Preska que extienda la fecha de entrega hasta el 21 de noviembre.

El pedido de la jueza es parte del proceso de obtención de pruebas (discovery) solicitado por el fondo de inversión Burford Capital (beneficiario del fallo por US$ 16.000 millones) y tiene el objetivo legal de demostrar que el Estado argentino y la petrolera YPF son la misma entidad, un concepto conocido como "alter ego".

La sentencia original condenó a la República a pagar más de US$16.000 millones, pero eximió a YPF de responsabilidad.

Si se prueba el alter ego, los demandantes podrían habilitar el embargo de activos de YPF y de otras empresas públicas (como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, o ENARSA) para asegurar el cobro de la condena.

La orden judicial busca mensajes, incluyendo plataformas como WhatsApp, que sugieran que los funcionarios utilizaron canales no oficiales para emitir directivas, interferir en precios de combustibles o controlar la gestión de YPF, actuando en beneficio del Estado y no como una sociedad anónima independiente.

Fuente: Noticias Argentinas